El drama que golpea después de la inundación

Carolina está volviendo a su casa luego de pasar 28 días en un refugio. Vive en una zona de Salto conocida como Paso del Bote, a la que llaman así porque una vez que la lluvia arrasa y el río Uruguay sube, es la primera que suele inundarse. Huir de ahí, si uno no se resigna a tiempo —y son muy pocos los que lo hacen— solo se consigue arriba de un bote.

La última inundación en Salto dejó 3.500 desplazados. Las familias más afectadas son las más carenciadas. En Paso del Bote hay muchos niños, demasiados adolescentes, varias mujeres y solo algunos hombres. Carolina tiene cinco hijos: de 17, 16, 14, 13 y el más chico de un año y medio. No trabaja y tiene un marido “que se dedica a la pintura, que sale a pelearla, pero la cosa está tranquila en Salto”. Según el intendente Andrés Lima, el desempleo en el departamento supera el 10%. El Pit-Cnt advierte que es de un 17%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) no tiene cifras discriminadas por región, pero la tasa global es del 8,5%.

Lima dice que el problema de las casas inundadas se solucionará cuando puedan relocalizar a 216 familias. El Ministerio de Vivienda se apresta a entregar, a través de un convenio con una ONG, 38 casas prefabricadas. La intendencia espera, antes de fin de año, poder concretar la construcción de otras ocho. Las familias que viven en las casas que se inundan primero serán las primeras en recibir una vivienda, explica Lima. Lo harán siempre y cuando estén dispuestos a entregar sus ranchos, “porque si no se los dan a otros y el problema nunca termina”. El jerarca aclara que “la intendencia no tiene por qué entregar casas”, que lo hace “porque no hay otra”, porque quiere “ayudar” a revertir la situación. Y no dice, pero insinúa, que la responsabilidad de dar soluciones la tiene el gobierno central.

Cuando el agua del río sube alcanza los 15 metros por encima de su nivel habitual. Cuando baja deja barro, destrucción, desconcierto y pobreza, más de la que hay habitualmente. Y eso es mucho.

Cada vez peor.

Javier León, de 54 años, y Blanca Amenaci, de 49, hace mucho que son matrimonio. Tanto que tienen un hijo que ya se fue de casa. Hace 31 años que viven en Paso del Bote. Cuando se mudaron allí eran muy jóvenes: hacía un año que se había instalado la democracia y que Julio María Sanguinetti era presidente, poquitos meses después de que Uruguay cayera por seis goles con Dinamarca en el Mundial de México, y faltaban aún cinco años para que cayera el Muro de Berlín y terminara la Guerra Fría. El mundo era otro, pero Salto no era tan distinto. Compraron la casa sabiendo que se inundaba. Y se ha inundado una, dos, tres y hasta “mil veces”, según Javier.

Ahora volvieron después de 24 días de inundación. “Nos quedamos en la casa de mi hijo. Esto siempre pasó. Cuando compramos sabíamos que pasaba, el problema ahora es que cada vez se pone peor. Antes la inundación venía cada cinco o seis años; ahora es cada cinco o seis meses”, dice Javier. Es la segunda vez en menos de un año que se tienen que ir. Lo mismo pasó en diciembre pasado.

Nunca quisieron vender la casa. Primero, porque están cerca del centro. Segundo, porque la casa de ellos no es solo una casa, también es un negocio familiar. En la parte de adelante tienen un almacén chiquito, con algunas cervezas, bebidas cola de marcas extrañas, yerba, fideos, azúcar, sal, mortadela, un solo tipo de queso y caramelos de menta. Pero a ellos les sirve “para hacer la diaria”. “Por suerte”, dice Blanca, que es ama de casa, Javier tiene otro trabajo: es empleado municipal. Ellos dicen que cuando el agua sube “hay tiempo” para sacar todo lo de valor, por eso desconfía de sus vecinos. “Para mí las personas que dicen que pierden cosas están mintiendo. No perdés nada. Tenés tiempo para sacar. La gente que dice que pierde es esa gente que siempre está esperando. Esa gente que quiere que le den todo. En la vida yo siempre me manejé así: sin esperar nada de nadie”, dice Javier, orgulloso.

Para ellos el peor momento no es cuando arranca a llover, ni cuando el agua comienza a tomar las calles, ni cuando se empieza a meter adentro de su casa-almacén. Tampoco cuando se tienen que ir y hacer varios viajes para llevarse los electrodomésticos y algunos muebles, y tienen que pedir ayuda a los vecinos más jóvenes, porque a Javier —robusto, bajito, con grandes anteojos— ya no le da la fuerza para cargar las tres heladeras que tiene. El peor momento es cuando vuelven.

“Hasta la altura de la cintura es todo barro. Todo un asco. Sale todo a nivel de la cámara cloacal. La red sanitaria sale. Lo peor es limpiar los artefactos del baño. Hay que desinfectar todo, pasar cloro, mucho cloro. Yo siempre me manejé con cloro”, insiste Javier, mientras Blanca frunce la nariz, entrecierra los ojos y mueve la cabeza de un lado al otro. Y repite bajito: “Un asco, un asco, un asco”.

Robos, vandalismo y pobreza.

Soledad Jackes tiene 23 años, sobrepeso, el pelo bien negro, grasoso y despeinado, y dos ojos azabache desorbitados por el terror. Soledad tiene miedo a vivir en una carpa. Y no está sola. Su casita de bloques y techo de chapa, ubicada en el barrio La Estrella, es una habitación chica dividida por una cortina, más un diminuto baño. Al lado de la puerta de entrada hay una pileta que oficia de cocina. No son más de 30 metros cuadrados. Allí, hasta antes de la inundación, vivían ella, su esposo, el hijo que tienen en común, de tres años, y los otros hijos de él, de cinco, 10, 11, mellizos de 16 y 18. Son nueve. El agua tapó el rancho por completo. Pero Soledad y los otros ocho fueron víctimas del otro problema que suele traer el agua de las inundaciones: el vandalismo.

“Después que bajó el agua vine a la casa a lavar todo, a sacar todo el barro, y cuando me fui, a las 10 de la noche, vinieron, se robaron lo poco que había y me la prendieron fuego. Entraron por el baño. Los bomberos dijeron que se prendió la instalación eléctrica, pero cuando entré encontré en una ventana una botella de plástico con papeles adentro. Me la prendieron fuego. Yo no sé por qué me hicieron esto. No tengo ni idea por qué me hicieron esto”, lamenta Soledad.

Por más de 20 días, hasta que bajara el agua, Soledad y toda su familia fueron a vivir a la casa de una tía de ella. Dice que la intendencia los quería llevar a “un galpón en el Hipódromo” adonde van los refugiados de las inundaciones, pero que está muy lejos de la escuela y el liceo al que van los hijos de su esposo. Soledad cuenta que ya tiene que devolver la casa a su tía, y volver a su antiguo hogar es “imposible”. Ella dice suponer que la casa tiene peligro de derrumbe, y es muy factible que tenga razón. Las paredes están calcinadas. El olor a quemado es insoportable. Si no fuera por su hijo de tres años, que es asmático, se irían a vivir ahí igual, pero con él “es un peligro, le puede pasar cualquier cosa”. Su marido está sin trabajo.

“No sabía que había incendios, creía que eran solo robos”, dice el intendente Lima, cuando se le cuenta lo que pasa en esta casita del barrio La Estrella. “De los robos sí sabía. Te llevan todo, hasta las chapas de los techos, hasta las aberturas, lo que encuentren”.

A la vuelta de la casa de Soledad vive Judith Arismendi, de 65 años, que en un rancho arrasado por la inundación se dice optimista porque “de todo se sale”. Ella crió 13 hijos en esa vivienda apenas más grande que la de Soledad. La mayor pena de Judith es un modular colgante de madera, que cuando lo compraron fue su “mayor orgullo” y ahora está tirado en el piso, húmedo y podrido. También hay una computadora “que ya no debe prender más”. Durante casi un mes Judith y su esposo estuvieron viviendo en una carpa a unas cuadras de allí. Todos los días su marido iba a ver cómo estaba la casa, por temor a los delincuentes.

Su esposo es hornero de panadería, e igual que el de Soledad, no tiene trabajo. “Ahora pedí una canasta al Mides, a ver si nos dan una mano. Yo creo que sí, que algo me van a dar”, dice confiada. “Voluntad para trabajar me sobra”, asegura, pero advierte que el médico no se lo permite. Es hipertensa, tiene diabetes y sufrió dos infartos.

Vandalismo: robos y casas incendiadas por delincuentes. Foto: Carlos Tapia

Nos quedamos acá.

María Costa, de 47 años, se quedó sin casa. “Mi hija se fue y nos dejó a los melli, así que ya no podemos estar ahí”, explica. Los mellizos tienen un año y medio. Además, ella y su esposo están a cargo de sus otros tres hijos, de 10, 12 y 14 años. “Ya no se puede. Soy de allá del pueblo, de los ranchos de los pescadores. Fuimos los primeros en ser evacuados. La casa se rompió toda. Se llenó de barro. Las casitas de allá quedaron todas rotas. No podemos volver”, insiste, y sonríe. Parece estar mejor en el contenedor que le adjudicó la intendencia, que en la que era su casa desde hace tres años.

Los contenedores, que llegaron desde Dolores, y que fueron los mismos que supieron albergar a las víctimas del tornado que arrasó a esa ciudad en abril del año pasado, están ubicados junto a la cancha de básquetbol. Son 16 y están todos ocupados. El de María tiene una cama de una plaza, una cómoda húmeda, un par de valijas abiertas y mucha ropa tirada en el piso. Hay un televisor de tubo, de 20 pulgadas, con dos antenas que el marido de María mueve de un lado a otro.

“Esto fue lo único que pudimos rescatar. No sé hasta cuándo nos vamos a quedar. La creciente fue hace un mes y hace un mes que estamos acá”. Sus hijos y “los melli” están en la casa de una de sus hermanas. En el contenedor sí tienen a Chita, una perra marrón, enorme, que se acerca a lamer a toda persona que se le acerca. “Ni idea qué va a ser de nosotros. Trabajo no hay. Acá nos dan la comida. Nos dan leche. Por ahora vivimos acá”.

Salto, los evacuados y el miedo a que todo sea peor.

En Salto hubo, según el Sinae, 3.521 evacuados. De los que dejaron sus casas hubo 1.055 que fueron evacuados, y 2.466 autoevacuados (que salieron por su voluntad y buscaron su propia solución). Además de las inundaciones, el gran problema de Salto es la pobreza. El intendente, Andrés Lima, dice temer lo que puede llegar a pasar con la empresa Caputto, que debe dinero a sus empleados y podría cerrar sus puertas. Se trata de 2.000 puestos de trabajo durante la zafra. En total, la industria de la naranja, en Salto, implica 6.000 empleos.

Fuente: Volver cuando baja el agua

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